Caso Ángel: la reacción de la madre en la audiencia y las claves de una imputación que conmociona
La investigación por la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo tras la realización de una audiencia judicial determinante, en la que la madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, fueron formalmente imputados y quedaron bajo prisión preventiva por un período inicial de seis meses. La medida fue dispuesta en el marco de una causa que ha generado una fuerte repercusión social y mantiene en vilo a la comunidad.
El encuentro judicial tuvo lugar durante la mañana del martes, en medio de un importante despliegue de seguridad. Ambos acusados llegaron bajo custodia y enfrentaron la imputación por “homicidio agravado por el vínculo”, una figura penal de extrema gravedad dentro del sistema judicial argentino. Según la investigación en curso, el fallecimiento del menor se produjo tras un cuadro que derivó en un paro cardiorrespiratorio, cuyas causas continúan siendo analizadas en profundidad por los peritos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la actitud de la madre, quien, de acuerdo con los presentes, mantuvo un comportamiento reservado, sin emitir declaraciones y evitando el contacto visual con otras personas en la sala. En especial, no habría cruzado miradas con familiares del niño ni con allegados que asistieron al proceso en busca de respuestas. Su postura fue interpretada por algunos como distante, mientras que otros la atribuyen al impacto emocional del momento.
Durante la exposición de la fiscalía, representada por los funcionarios a cargo del caso, se detallaron los primeros resultados de las pericias realizadas. Según lo expuesto, los estudios preliminares sugieren que las lesiones analizadas no corresponderían a un único episodio aislado, sino a una serie de situaciones que se habrían desarrollado en un período de tiempo previo. Este punto es considerado clave para la investigación, ya que podría modificar el enfoque sobre cómo se habrían producido los hechos.
Mientras se leían estos elementos, Altamirano adoptó una postura introspectiva, llevando su mirada hacia el suelo y realizando gestos mínimos ante algunos fragmentos de la acusación. Esta reacción fue uno de los momentos más comentados de la jornada, dado el clima de tensión que se vivía en la sala.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en dos ejes principales: el riesgo de fuga y la posibilidad de que los imputados puedan entorpecer el avance de la causa. Desde la fiscalía remarcaron la necesidad de preservar el proceso judicial ante un caso que consideran de alta sensibilidad, tanto por la edad de la víctima como por el contexto en el que se investiga el hecho.
En cuanto a la estrategia de la defensa, los abogados de ambos imputados habrían recomendado no brindar declaraciones extensas en esta instancia inicial. Sin embargo, González decidió tomar la palabra y manifestó: “Nosotros somos inocentes”. En su intervención, sostuvo que ambos acompañaron al menor y expresó su intención de que se esclarezca lo ocurrido. “Nosotros también queremos saber qué le pasó”, afirmó.
El imputado también se refirió a aspectos vinculados a la crianza del niño, indicando que las correcciones que se aplicaban eran similares a las de cualquier hogar. “Al nene se lo corregía como a cualquier nene, se le sacaba la tele o el juguete, como cualquier corrección. Pero esas barbaridades que dicen de golpes, maltratos o agua fría, no”, señaló, rechazando las acusaciones más graves que forman parte de la investigación.
Además, cuestionó ciertas decisiones vinculadas al proceso posterior al fallecimiento, al afirmar que no pudieron participar de la despedida del menor. “A nosotros ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir a despedirnos, de ir al velorio; nos tuvimos que enterar por las noticias”, agregó, en una declaración que también generó distintas reacciones.
La causa continúa en etapa de investigación, con la recolección de pruebas, testimonios y análisis complementarios que serán fundamentales para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la decisión judicial de mantener a los imputados detenidos busca garantizar que el proceso avance sin interferencias, en un caso que sigue generando impacto social, debate público y una fuerte demanda de justicia por parte de la comunidad.