Denuncia por supuesto doping genera revuelo y frena la cremación de la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras

Un inesperado giro judicial detuvo el proceso de cremación del cuerpo de Alejandra “Locomotora” Oliveras, reconocida exboxeadora argentina, quien falleció recientemente. El hecho ocurrió momentos antes del inicio de su velatorio público en la Legislatura de Santa Fe, donde sus seres queridos y fanáticos se reunían para darle el último adiós. La sorpresiva intervención de la Justicia se produjo tras una denuncia penal que puso en pausa todos los trámites funerarios y abrió una nueva investigación.

El denunciante es Aldo Parodi, fisicoculturista, quien con el patrocinio legal de la abogada Patricia Noemí Apesteguy, presentó un escrito judicial en el que se solicita esclarecer las causas del fallecimiento de Oliveras. El argumento principal de la presentación se centra en la supuesta administración de sustancias prohibidas, particularmente anabólicos esteroides, que podrían haber tenido consecuencias graves para la salud de la deportista.

Según consta en el expediente, Parodi apunta a un posible “doping seguido de homicidio”, es decir, que se habría inducido a Oliveras al consumo de estas sustancias sin supervisión médica y con fines no terapéuticos. Esto, según sostiene, habría afectado su salud hasta derivar en su fallecimiento. El texto judicial recalca la necesidad de identificar a quienes podrían haberle suministrado los anabólicos y exige una investigación profunda en ese sentido.

Una de las frases más resonantes dentro de la denuncia afirma que la deportista sería “otra víctima fatal más de la mafia del doping”, lo que agrega una fuerte carga acusatoria al caso. Además, el denunciante sugiere que la “impresionante masa muscular” que Oliveras mantenía era indicio de un consumo prolongado de estas sustancias, lo que justificaría una revisión minuciosa de las causas de su muerte.

Ante esta denuncia, la Justicia ordenó detener la cremación prevista y pidió la realización de una autopsia completa, incluyendo estudios toxicológicos que permitirán determinar si había sustancias prohibidas en su organismo al momento del fallecimiento. También se solicitó el secuestro de la historia clínica de la exboxeadora, así como el análisis de muestras de sangre y orina en un laboratorio con certificación internacional en materia de dopaje.

Además, el escrito incluye una solicitud para revisar los dispositivos electrónicos tanto de la fallecida como de su entorno cercano: entrenadores, médicos y personas allegadas. El objetivo sería encontrar pruebas o comunicaciones que permitan identificar a quienes eventualmente podrían haberle facilitado los productos mencionados.

Cabe recordar que Alejandra Oliveras fue una figura emblemática en el boxeo argentino, con seis títulos mundiales en distintas categorías. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo y entre sus seguidores. La denuncia, inesperada y de alto impacto, generó reacciones diversas y sumó un elemento de controversia a su despedida.

Por el momento, las autoridades judiciales continúan con la investigación y se aguarda la llegada de los resultados de los estudios médicos para definir los pasos a seguir. Mientras tanto, la familia de Oliveras permanece a la espera de poder continuar con los trámites funerarios que fueron interrumpidos por esta situación.

Este hecho refleja cómo una denuncia penal puede modificar drásticamente los planes tras el fallecimiento de una persona pública, y cómo la figura del doping sigue generando polémica, incluso después del retiro o la muerte de un deportista.