El Gobierno exigirá que todos los dispositivos con acceso a internet cuenten con control parental.
Ante el creciente uso de la tecnología por parte de los menores y las preocupaciones relacionadas con su bienestar digital, el Gobierno de España ha dado un paso firme para reforzar la protección infantil en entornos digitales. La medida más destacada es la exigencia de que todos los dispositivos con acceso a internet —como móviles, tabletas y ordenadores— incluyan de forma obligatoria y gratuita sistemas de control parental. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan que busca regular el uso de la tecnología entre niños y adolescentes, y garantizar entornos digitales más seguros.
La preocupación por el uso intensivo de dispositivos entre menores no es nueva, pero los datos recientes refuerzan la urgencia de tomar medidas. Según cifras recogidas por estudios recientes, el 31,5 % de los adolescentes en España pasa más de cinco horas diarias utilizando el móvil o la tablet, mientras que un preocupante 58,4 % duerme con estos aparatos junto a la cama. Además, el 21,6 % de los menores sigue usando estos dispositivos a partir de la medianoche, lo que interfiere directamente con la calidad del sueño y los hábitos saludables.
En respuesta a esta situación, el Gobierno ha diseñado una nueva ley enfocada específicamente en la protección de los menores en los entornos digitales. Esta normativa fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de marzo y plantea una serie de medidas que podrían cambiar drásticamente la manera en que los dispositivos electrónicos son utilizados y gestionados dentro del ámbito familiar.
El texto legal establece que los fabricantes de tecnología deberán incorporar de forma obligatoria sistemas de control parental accesibles y gratuitos en todos los dispositivos que se comercialicen en el país. Esta obligación busca facilitar a los padres y tutores una herramienta sencilla para limitar el acceso de los menores a contenidos inapropiados y controlar el tiempo de uso. Además, se pretende garantizar que estos controles no estén reservados solo para quienes puedan pagar por ellos, promoviendo así una igualdad de oportunidades en cuanto a la protección digital infantil.
Según ha declarado el Ejecutivo, esta ley surge como respuesta “a la preocupación que supone el uso no apropiado de los dispositivos digitales por sus consecuencias para la salud o el posible acceso a contenidos susceptibles de ser perjudiciales para las personas menores de edad”. El objetivo es crear un marco normativo que no solo regule, sino que también eduque y acompañe a las familias en el proceso de adaptación a la era digital.
El Ministerio de Juventud e Infancia es el encargado de liderar esta transformación, y actualmente trabaja en la implementación de una estrategia nacional más amplia. Esta estrategia abarca desde la alfabetización digital —es decir, enseñar a los menores a usar internet de forma responsable— hasta la educación afectiva y sexual en el entorno digital, así como el desarrollo de herramientas para combatir la desinformación y las noticias falsas. Todo ello forma parte de un enfoque integral que busca proteger no solo a los niños y niñas como usuarios de tecnología, sino también como ciudadanos en formación.
El plan, denominado oficialmente “Estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales”, será presentado en su versión final el próximo 20 de junio. A partir de ese momento, el Gobierno espera poner en marcha sus distintas medidas a lo largo del otoño de este año, aunque algunas disposiciones podrían implementarse de forma progresiva.
Lo cierto es que esta iniciativa no ha tomado del todo por sorpresa a las grandes compañías tecnológicas. Algunas de las marcas más relevantes del mercado ya ofrecen opciones de control parental integradas en sus sistemas operativos, aunque su funcionamiento y nivel de efectividad varían. En el caso de Google, por ejemplo, los dispositivos con sistema operativo Android o Chrome OS cuentan con funciones específicas dentro del apartado “Bienestar digital y control parental”, al que se suma su servicio especializado Google Family Link. Este servicio permite a los padres supervisar el uso que hacen sus hijos de móviles y tablets, establecer límites de tiempo, aprobar o bloquear aplicaciones, e incluso ubicar geográficamente el dispositivo.
Además, plataformas como Google Play o YouTube ya han desarrollado filtros de contenido y versiones adaptadas para menores, como YouTube Kids, que solo muestra vídeos previamente revisados y adecuados para distintas edades.
Por su parte, Apple ha desarrollado el sistema “En Familia”, disponible en iPhone, iPad y Mac. Esta función permite que un adulto cree un entorno familiar digital en el que se comparten suscripciones, se limita el acceso a contenido inapropiado y se gestiona el tiempo de pantalla de los menores. Todo esto se puede configurar directamente desde el dispositivo del tutor, lo que facilita su uso sin necesidad de descargar herramientas adicionales.
Microsoft también ha avanzado en este terreno con la inclusión de Microsoft Family Safety en Windows 11. Este sistema permite crear cuentas infantiles asociadas a la de los adultos, desde donde se pueden establecer límites horarios, aprobar compras en la tienda de Microsoft y recibir informes detallados sobre el uso del dispositivo. Incluso permite controlar la navegación web y bloquear ciertos sitios de manera personalizada.
A pesar de estas iniciativas privadas, el Gobierno considera que no todos los fabricantes ofrecen soluciones eficaces o accesibles para todas las familias, y muchas veces estos sistemas requieren un conocimiento técnico que no todos los padres poseen. De ahí la necesidad de establecer un marco legal que asegure el acceso universal, gratuito y sencillo a este tipo de herramientas.
La nueva ley también podría abrir el debate sobre la responsabilidad de los desarrolladores de software y creadores de contenido en cuanto a la protección de los menores. Además de los fabricantes de dispositivos, las plataformas de entretenimiento, redes sociales y aplicaciones móviles tendrán que adaptarse a las nuevas exigencias que surjan de esta estrategia nacional.
En paralelo, esta iniciativa ha generado cierto debate en sectores que defienden la autonomía de las familias y advierten sobre el riesgo de una sobrerregulación del uso de la tecnología. Algunos expertos señalan que más allá del control, es fundamental fomentar la educación digital desde edades tempranas, de modo que los menores aprendan a gestionar su tiempo, su privacidad y sus relaciones en internet con criterio y responsabilidad.
En definitiva, el Gobierno español ha decidido tomar cartas en el asunto frente al uso intensivo y, en muchos casos, descontrolado de la tecnología por parte de los menores. Con la nueva ley de protección en entornos digitales, se espera establecer un equilibrio entre el acceso a las herramientas digitales y la seguridad de los más jóvenes. Si bien el camino hacia una regulación completa será complejo y requerirá la colaboración de múltiples actores, el objetivo está claro: crear un entorno digital más seguro, saludable y educativo para las futuras generaciones.