Polémica en el caso Ángel: cuestionan la participación del abogado de la familia y crece la tensión judicial
La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de cuatro años cuyo caso conmociona a Comodoro Rivadavia, sumó en las últimas horas un nuevo foco de conflicto que podría impactar directamente en el desarrollo del proceso judicial. En esta oportunidad, el centro de la controversia no está puesto en las pruebas ni en los imputados, sino en la figura del abogado que representa al padre de la víctima, Roberto Castillo, cuya intervención fue fuertemente cuestionada por autoridades del ámbito legal.
El episodio se produjo en el marco de las primeras audiencias de formulación de cargos, instancia clave en la que se formalizan las acusaciones y se delinea el rumbo de la causa. Allí, la presencia de Castillo generó dudas entre representantes del Colegio Público de Abogados de la ciudad, quienes señalaron que el letrado no contaría con la matrícula habilitante para ejercer en la provincia de Chubut.
Según explicó el presidente de la entidad, Pedro Ferreira Taviansky, el profesional no figura en los registros oficiales locales, lo que implicaría una limitación legal para intervenir en audiencias, presentar escritos o acceder a documentación judicial. “Esta persona no tiene matrícula para actuar en la provincia. No puede hacer presentaciones judiciales, acceder a expedientes ni participar de audiencias como representante”, sostuvo, al tiempo que adelantó que se evalúa realizar una presentación formal para dejar asentada la situación.
El planteo no es menor. En el sistema judicial argentino, la matriculación provincial es un requisito indispensable para el ejercicio profesional dentro de cada jurisdicción. De confirmarse la irregularidad, Castillo podría quedar apartado de la causa, lo que obligaría a la familia del niño a designar un nuevo representante legal en medio de una investigación sensible y de alto impacto público.
Frente a estas acusaciones, el propio abogado salió a responder a través de sus redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación. En su defensa, aseguró que sí cuenta con habilitación para ejercer en la provincia, aunque evitó precisar en qué colegio profesional se encuentra inscripto. “Yo estoy matriculado para trabajar en la provincia de Chubut”, afirmó, y calificó los cuestionamientos como parte de una maniobra para “silenciar a la familia”.
Castillo también apuntó contra sectores del ámbito judicial local, a quienes acusó de intentar obstaculizar su participación en la causa. En ese sentido, sostuvo que decidió no revelar detalles sobre su inscripción profesional para evidenciar, según sus palabras, presuntas conductas obstructivas. “Entiendo que están intentando impedir que la familia tenga una representación independiente”, expresó.
Mientras tanto, el conflicto genera incertidumbre en torno al futuro inmediato del expediente. La causa, que ya se encuentra bajo la lupa pública por la gravedad de los hechos investigados, podría enfrentar demoras o cambios en su desarrollo si se resuelve la exclusión del abogado cuestionado.
En paralelo, el proceso judicial continúa avanzando con la imputación de los principales acusados y la recolección de pruebas. Sin embargo, este nuevo capítulo introduce un elemento adicional de tensión que podría influir en la estrategia de las partes y en el acompañamiento legal de la familia de la víctima.
Especialistas en derecho consultados coinciden en que este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, pueden tener un impacto significativo si no se resuelven con rapidez. La claridad sobre la legitimidad de los representantes legales es fundamental para garantizar la transparencia del proceso y evitar futuras nulidades.
Por ahora, la definición sobre la situación de Roberto Castillo queda en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si cumple con los requisitos formales para ejercer en la jurisdicción. Mientras tanto, el caso de Ángel López sigue su curso, en medio de una creciente expectativa social por el avance de la Justicia y el esclarecimiento de los hechos.