“Traición, Cero Liquidación”: la propuesta que busca modificar el reparto de bienes en casos de infidelidad y violencia
Una propuesta legislativa presentada por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena volvió a generar un intenso debate en México al plantear cambios en las reglas del Código Civil para los matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal. La iniciativa, denominada “Traición, Cero Liquidación”, propone que una persona pueda perder el derecho a recibir parte de los bienes comunes durante un divorcio si se comprueba que incurrió en determinadas conductas, entre ellas infidelidad, violencia física o adicciones no tratadas.
La propuesta volvió a cobrar relevancia luego de ser mencionada nuevamente durante una transmisión de “La Chilanguera” en marzo de 2026, aunque originalmente había sido presentada meses antes por la diputada Elizabeth Mateos, integrante de Morena. Desde entonces, el proyecto ha despertado opiniones divididas entre quienes consideran que representa una medida de justicia patrimonial y quienes sostienen que podría abrir un complejo debate jurídico sobre la forma de acreditar este tipo de situaciones.
Actualmente, cuando un matrimonio se celebra bajo el régimen de sociedad conyugal, los bienes obtenidos durante la unión suelen repartirse conforme a las normas establecidas por la legislación vigente al momento de concretarse el divorcio. La iniciativa pretende introducir una excepción para determinados casos en los que exista una conducta considerada especialmente grave dentro de la relación.
De acuerdo con el planteamiento, si durante un proceso judicial se demuestra que uno de los integrantes del matrimonio incurrió en infidelidad, ejerció violencia física contra su pareja o mantiene una adicción que no haya sido tratada adecuadamente y que haya afectado la vida familiar, podría perder el derecho a recibir el 50 % de los bienes que normalmente le corresponderían al liquidarse la sociedad conyugal.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que el objetivo principal no es castigar aspectos relacionados con la vida privada, sino introducir un criterio de equidad cuando existan conductas que hayan provocado un daño significativo al proyecto familiar y al patrimonio construido durante el matrimonio.
La diputada Elizabeth Mateos explicó en distintas oportunidades que, desde su perspectiva, la legislación actual trata de la misma manera a quien contribuyó activamente al desarrollo económico y familiar que a quien incurrió en comportamientos que afectaron gravemente la relación.
Según expresó la legisladora al presentar la propuesta, la normativa vigente puede generar situaciones que considera injustas al permitir que una persona reciba una parte importante del patrimonio compartido aun cuando haya existido abandono, violencia o incumplimiento de responsabilidades dentro del matrimonio.
La iniciativa parte de la idea de que la distribución de los bienes también debería contemplar el comportamiento de las partes cuando existan hechos debidamente acreditados durante el proceso judicial.
En distintas entrevistas y espacios de debate, la legisladora aclaró que la medida no se aplicaría automáticamente ni por simples acusaciones. Para que pudiera tener efectos legales sería necesario que las conductas señaladas fueran comprobables mediante los mecanismos establecidos por la justicia.
Ese punto ha sido uno de los aspectos más discutidos por especialistas en derecho familiar, ya que demostrar legalmente una infidelidad o determinadas circunstancias personales puede representar un desafío dentro de un juicio.
Precisamente por ello, varios juristas consideran que, en caso de avanzar, la iniciativa requeriría reglas muy claras sobre los medios de prueba y los criterios que utilizarían los jueces para resolver cada caso.
Los promotores del proyecto sostienen que muchas personas terminan perdiendo parte importante del patrimonio construido durante años pese a haber sido quienes realizaron el mayor aporte económico o asumieron la mayor carga familiar.
Desde esa perspectiva, afirman que la reforma busca reconocer situaciones en las que uno de los cónyuges habría incumplido gravemente los deberes derivados del matrimonio.
Durante una participación en un programa de análisis político, Elizabeth Mateos señaló que la propuesta intenta ofrecer mayor justicia para quienes consideran haber resultado perjudicados por determinadas conductas dentro de la relación matrimonial.
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de proyectos impulsados por legisladores de Morena relacionados con temas de igualdad, protección familiar, violencia de género y fortalecimiento de los derechos dentro del ámbito doméstico.
La diputada también ha manifestado que aún existen numerosos desafíos en materia de protección de las familias y especialmente de las mujeres, por lo que considera necesario continuar impulsando reformas orientadas a fortalecer los mecanismos legales existentes.
No obstante, la propuesta también ha generado interrogantes entre especialistas, quienes señalan que modificar las reglas del reparto de bienes podría abrir nuevas discusiones sobre la privacidad, la carga probatoria y la interpretación judicial de conceptos como la infidelidad o las adicciones.
Algunos expertos sostienen que el régimen patrimonial del matrimonio tiene como finalidad regular aspectos económicos y que incorporar criterios vinculados al comportamiento personal podría derivar en procesos judiciales más extensos y complejos.
Otros, en cambio, consideran que resulta razonable analizar la existencia de conductas graves cuando estas hayan provocado consecuencias directas sobre el patrimonio familiar o el bienestar del núcleo conviviente.
Por el momento, “Traición, Cero Liquidación” continúa siendo una propuesta legislativa y todavía debe atravesar el proceso parlamentario correspondiente antes de convertirse en una eventual reforma. Eso implica que deberá ser analizada, debatida y, en su caso, aprobada por los órganos legislativos competentes antes de que pueda incorporarse al Código Civil.
Mientras tanto, el proyecto sigue generando un amplio intercambio de opiniones tanto en el ámbito político como entre abogados, académicos y ciudadanos. La discusión refleja cómo las normas que regulan el matrimonio, el divorcio y la distribución del patrimonio continúan evolucionando para responder a nuevas demandas sociales y jurídicas, en un debate que seguramente continuará durante los próximos meses.